Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Dicha norma establece un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales. En este sentido, quedan exceptuados de la aplicación del presente real decreto aquellos trabajadores que se hayan visto afectados por un ERTE y aquellas que estén trabajando a distancia o “teletrabajando”. Igualmente, es preciso destacar que esta norma contiene una moratoria para aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, pudiendo prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.

¿A qué trabajadores afecta esta medida?
A todos aquellos trabajadores por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. No obstante, quedan exceptuados del ámbito de aplicación: a) Aquellos trabajadores que presten servicios en actividades calificadas como esenciales o que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales. b) Aquellos trabajadores que se hayan visto afectados por un ERTE o se encuentren en situación de Incapacidad Temporal. c) Aquellos trabajadores que se encuentren prestando servicios mediante el “teletrabajo”.

Asimismo, y de conformidad con el Anexo de dicha norma, tampoco será objeto de aplicación a las siguientes personas trabajadoras:

1) Aquellas que presten servicios en establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías (a domicilio), prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.

2) Actividades de hostelería y restauración exclusivamente para servicios de entrega a domicilio.

3) Transporte de mercancías en todo el territorio nacional, exclusivamente, con objeto de garantizar el abastecimiento.
4) Tránsito aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza ubicados en puertos o aeropuertos en relación a los productos de primera necesidad.
5) Aquellas actividades necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural.
6) Los operadores críticos de servicios esenciales, así como sus proveedores, adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios y que resultan esenciales para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales.
7) Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.
8) Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.
9) Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros,  equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales.
10) Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello.
11) Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.
12) Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad; y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y
biotecnológicos vinculados al COVID-19; los animalarios a ellos asociados; el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación; y las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.

13) Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

14) Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.
15) Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.
16) Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
17) Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
18) Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
19) Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
20) Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
21) Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público.
22) Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
23) Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
24) Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.
25) Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.
26) Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.
27) Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
28) Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

¿En qué consiste el permiso retribuido?
Los trabajadores afectados por esta medida disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive, conservando el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales. No obstante, una vez que finalice el estado de alarma, los trabajadores afectados por esta medida deberán recuperar las horas de trabajo objeto de dicho permiso retribuido. Para ello, deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días, en caso de que no exista representación de los trabajadores deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 41. 4 del Estatuto de los Trabajadores. De no alcanzarse acuerdo, la empresa notificará en un plazo de 7 días la decisión sobre
la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación de dicho permiso. En consecuencia, si se ha negociado de buena fe y conforme a la normativa aplicable, en caso de que no se alcance un acuerdo, la empresa podrá aplicar la decisión que estime oportuna.
En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido en el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente.

¿Qué ocurre con aquellas empresas que no pueden paralizar su actividad al cien por ciento?
Aquellas empresas que se vean afectadas por esta norma podrán y que no puedan paralizar su actividad podrán establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable, tomando como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.
Sevilla, 30 de marzo de 2020